La Elección Judicial 2025 en México: Impactos para la Justicia y el Sistema Político.

Dr. David Sánchez-Apreza (autor)*

El escenario judicial mexicano experimentó una transformación significativa en el último tramo de 2024. Antes de concluir su mandato en octubre de ese año, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una apresurada y profunda reforma al Poder Judicial Federal. Esta reforma, materializada mediante modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias, dio origen a una nueva figura democrática: la Elección Popular de Jueces, Magistrados y Ministros. El objetivo declarado era democratizar el acceso a estos cargos, tradicionalmente designados por otros poderes o por mecanismos internos. Sin embargo, desde su concepción, la reforma suscitó un intenso debate. Voces críticas argumentaron que se trataba de una contienda “a modo” o con “truco”, diseñada para que el partido en el poder, Morena, movilizara sus bases y asegurara la elección de candidatos afines a su proyecto político, conocido como la Cuarta Transformación (4T).

En un artículo previo, titulado “Las ventajas de la elección judicial 2024” [dale click si lo quieres leer], ya había señalado que, más allá de las apariencias, estábamos presenciando la transición de un modelo cerrado de designación judicial a uno aparentemente abierto, pero donde la premisa fundamental persistía: las élites, de una u otra forma, seguirían eligiendo a sus juzgadores. Históricamente, una élite interna al Poder Judicial Federal definía los nombramientos en tribunales y juzgados, mientras que las élites del Poder Ejecutivo y Legislativo se repartían las posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi argumento central era que el cambio principal radicaría en la naturaleza de la élite influyente, transitando el poder de designación, o al menos de influencia determinante, hacia las élites políticas afines al gobierno en turno.

La jornada electoral del pasado domingo 1 de junio de 2025, la primera bajo este nuevo esquema, pareció confirmar algunas de estas dinámicas y suscitó nuevas interrogantes. Estuvo marcada fundamentalmente por dos aspectos que dominaron el análisis posterior: por un lado, se registró una notoria baja participación ciudadana, que quedó por debajo del umbral del 14% del padrón electoral. Por otro lado, y de manera paralela, proliferaron denuncias y reclamos que apuntaban a que una porción considerable de los votantes habría sido orientada al momento de emitir su sufragio mediante “recomendaciones” o listas de candidatos distribuidas por líderes o referentes políticos. Este último punto, en particular, sembró dudas sobre la autonomía efectiva del voto en un sector del electorado y la influencia de estructuras organizadas en el resultado.

Es importante subrayar que este análisis no busca restar valor intrínseco al voto ciudadano ni pretende ser una crítica destructiva hacia Morena. Al contrario, la intención es ofrecer una perspectiva franca y sin censura de un proceso complejo. La izquierda mexicana ha sostenido una lucha histórica contra las élites que tradicionalmente han controlado las estructuras de poder en México. Es innegable que el Poder Judicial, antes de la reforma, era un espacio designado por estas élites. Por ello, la idea de un modelo de elección judicial directa podría haber representado un avance democrático significativo si la influencia de nuevas élites no hubiera permeado el proceso.

Es un secreto a voces que la mayoría de los actores relevantes de la 4T operaron políticamente para orientar el voto ciudadano. Sin embargo, esto no implica negar la capacidad o voluntad del electorado. El proceso de selección de candidatos, incluso para un ciudadano como yo, abogado con doctorado en ciencias políticas y sociales, fue complejo dada la gran cantidad de aspirantes y la naturaleza especializada de los cargos; y no fue fácil emitir mi sufragio con esas boletas de elección múltiple. Es comprensible que un ciudadano no familiarizado con el sistema judicial hubiera buscado orientación para saber cómo y por quién votar.

Este escenario nos lleva a varios puntos de reflexión sobre la reforma y su primera implementación:

Primero, es fundamental reconocer el esfuerzo y la intención detrás de la reforma judicial: democratizar el acceso al Poder Judicial Federal. Como ideal y aspiración, es un objetivo valioso y loable para cualquier democracia.

Segundo, la celeridad con la que se aprobó e implementó la reforma conllevó errores significativos. La falta de un diseño mejor planeado y consensuado derivó en una implementación compleja, que abrió la puerta a vicios y distorsiones en el proceso electoral de jueces y magistrados.

Tercero, la elección judicial no logró capturar el interés de la mayoría de la ciudadanía. Esto puede atribuirse, en parte, a que el impacto directo de las decisiones judiciales en la vida cotidiana no siempre es evidente para el ciudadano común, generando un notorio desinterés y, consecuentemente, una baja participación.

Frente a este escenario, Morena y sus aliados supieron identificar y aprovechar este contexto político. Aunque la regulación prohibía la participación formal de partidos políticos en la promoción de candidatos, hubo una participación indirecta de los referidos actores políticos. Así, lograron sugerir y posicionar a sus candidatos preferidos.

La indignación de la oposición ante el resultado de la elección judicial, percibido como una imposición de Morena, resultaba comprensible desde su perspectiva. Sin embargo, este proceso electoral también desnudó las profundas debilidades y errores de una oposición que en México se ha mostrado fragmentada y desorganizada.

Primero, la oposición podría haber postulado y promovido a sus propios candidatos, buscando movilizar a sus simpatizantes. No obstante, carece de la estructura de bases sociales y la capacidad de movilización territorial que Morena ha construido a nivel nacional. Los esfuerzos opositores suelen ser más localizados, en municipios o distritos específicos, pero no son de alcance nacional.

Segundo, la oposición tuvo la oportunidad de evitar o, al menos, modular la reforma judicial si hubiera logrado una cohesión y presentado una alternativa legislativa convincente que atrajera el respaldo ciudadano en las elecciones legislativas del año 2024. Su incapacidad para hacerlo resultó en un Congreso de la Unión dominado por legisladores afines a la 4T, quienes finalmente aprobaron la reforma.

En este sentido, la oposición ha hecho pública su crítica hacia las consecuencias de sus propias omisiones y errores estratégicos. Mientras tanto, Morena y sus aliados, con pragmatismo político, han sabido capitalizar el momento y las circunstancias. Y en medio, la ciudadanía observó el proceso con distancia, como lo evidencia el hecho de que poco más del 86% del padrón electoral optó por la abstención.

En definitiva, la reforma judicial orientada a democratizar la nominación de jueces y magistrados podría, a largo plazo, evolucionar hacia un sistema beneficioso para México. No obstante, su primera edición ha evidenciado carencias significativas en cuanto a reglas claras, procedimientos robustos y un flujo de información adecuado para que el electorado participara de manera más informada y autónoma.

La queja opositora sobre la intervención de Morena contrasta con su propia inacción o incapacidad para competir en el mismo terreno. La responsabilidad última, en un sistema democrático, recae en el electorado que otorgó la confianza y el mandato a la 4T para impulsar estas transformaciones. ¿Serán para bien? Solo el tiempo lo dirá.

La capacidad de la oposición para unirse, aprender de sus errores y proponer modificaciones legislativas que aseguren un “piso parejo” en futuros procesos dependerá exclusivamente de su propia voluntad y habilidad política. Por ahora, la elección judicial ha concluido, y la baja participación ciudadana ha dejado claro que, al menos en esta ocasión, el tema no figuró entre las principales preocupaciones de la población mexicana.

Mientras tanto, más allá de los vaivenes políticos y las disputas por el control de las designaciones, el engranaje del Poder Judicial Federal seguirá en movimiento. Son los secretarios, actuarios y oficiales judiciales quienes, día con día, tramitan y resuelven la gran cantidad de asuntos que llegan a sus escritorios. Ellos continuarán desempeñando su noble e indispensable labor, asegurando que, pese a los jaloneos entre élites, los debates sobre la democracia y las reconfiguraciones de la oposición, la impartición de justicia, en su nivel más fundamental, siga su curso.

Junio 2, 2025.

*El autor es licenciado en derecho, doctor en ciencias políticas y sociales; cuenta con dos maestrías y varios méritos académicos. Un estudioso del sistema electoral desde hace muchos años.